Una decisión administrativa habilitó una contratación directa por 51 millones de pesos para servicios de comunicación online en medio de restricciones presupuestarias.
El municipio de Morón atraviesa un escenario económico complejo, con limitaciones en la prestación de servicios y reclamos vinculados al mantenimiento urbano y a la situación salarial de los trabajadores. En ese marco, una reciente decisión administrativa volvió a instalar el debate sobre el uso de los recursos públicos.
A través de un decreto oficial, el intendente Lucas Ghi autorizó una contratación directa destinada a servicios de publicidad digital. La medida fue adoptada sin licitación ni concurso de precios, bajo una modalidad excepcional prevista por la normativa vigente.
La iniciativa llamó la atención en distintos sectores debido a que, en los últimos meses, el municipio había reducido significativamente su inversión en pauta publicitaria, argumentando restricciones presupuestarias. Incluso, se registran deudas con proveedores por servicios contratados anteriormente.
Según trascendió, los fondos estarían orientados a fortalecer la presencia institucional en plataformas digitales. Sin embargo, desde distintos espacios políticos y técnicos surgieron interrogantes sobre los criterios de asignación, el alcance de la campaña y la oportunidad de la decisión en el contexto actual.
También se plantearon cuestionamientos respecto al uso de la contratación directa para este tipo de servicios, una herramienta que, si bien es legal, suele reservarse para situaciones urgentes o específicas.
El tema generó repercusiones en el ámbito político local, donde se multiplican los pedidos de mayor transparencia en la gestión de los recursos y de explicaciones sobre las prioridades del gasto público en un escenario de restricciones.