Organizaciones feministas y de derechos humanos apuntan contra la gestión de Ramón Lanús por la aplicación de un protocolo que, según afirman, obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales municipales.
La Municipalidad de San Isidro quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que organizaciones feministas, profesionales de la salud y organismos de derechos humanos denunciaran presuntas trabas para acceder al aborto legal en centros de salud municipales.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte convocó a una conferencia de prensa para exponer lo que considera una política institucional destinada a dificultar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente en el Hospital Materno Infantil de San Isidro.
Según denunciaron, durante una acción judicial impulsada por Amnistía Internacional el propio Municipio reconoció la existencia de un protocolo interno para abordar los pedidos de interrupción del embarazo, situación que ahora podría quedar bajo análisis de la Justicia.
Desde las organizaciones sostienen que dicho mecanismo podría ser incompatible con la Ley Nacional 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en todo el país.
La controversia se profundizó a partir de testimonios recopilados por Amnistía Internacional, donde mujeres relataron experiencias que calificaron como invasivas y coercitivas durante las consultas médicas.
Entre las denuncias mencionan intentos de persuadir a las pacientes para continuar con el embarazo, advertencias sobre supuestos riesgos psicológicos posteriores al aborto, entrega de elementos vinculados a la maternidad y otras prácticas que, según afirman, vulneran la autonomía de las mujeres.
«Las barreras en el acceso al aborto pueden vulnerar derechos y generar responsabilidades legales para el municipio», señalaron desde las organizaciones impulsoras de la denuncia.
Por su parte, desde la gestión del intendente Ramón Lanús rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el distrito cumple con la legislación vigente.
A través de un comunicado, la Secretaría de Salud local aseguró que existe un equipo interdisciplinario encargado de brindar información, asesoramiento y acompañamiento integral a las personas gestantes, independientemente de la decisión que adopten.
Mientras tanto, el conflicto suma un nuevo capítulo judicial y político en San Isidro, donde la discusión sobre el acceso a los derechos reproductivos volvió a instalarse en el centro del debate público.