Habitantes de Esteban Echeverría reclaman controles y sanciones contra la planta avícola operada por Wade SA tras fuertes denuncias por olores y contaminación. La presión vecinal derivó en una clausura temporal mientras piden que el conflicto no afecte a los trabajadores.
Vecinos de Esteban Echeverría intensificaron su reclamo por la contaminación generada por la planta avícola Cresta Roja, ubicada en la localidad de El Jagüel, y exigieron a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) información sobre las fiscalizaciones, habilitaciones y sanciones aplicadas a la empresa.
El reclamo es encabezado por Alejandro Cruz, dirigente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien denunció públicamente los fuertes olores y emisiones que, según los vecinos, afectan a una amplia zona del distrito.
La presión social derivó recientemente en la clausura temporal del establecimiento operado por la firma Wade SA. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la medida aún no resolvió el problema, ya que aseguran que la planta continúa emitiendo humo y gases que se perciben en distintos barrios cercanos.
El reclamo vecinal se hizo visible a partir de una publicación en redes sociales que acumuló más de 1.500 comentarios de residentes de localidades como El Jagüel, Llavallol y Ezeiza, quienes describieron situaciones similares vinculadas al olor y al impacto ambiental de la planta.
Según explicó Cruz, el problema se intensificó en los últimos años cuando la empresa comenzó a producir harina destinada a la elaboración de alimento balanceado para animales. Ese proceso incluiría la quema de restos orgánicos como vísceras, sangre y plumas, lo que generaría emisiones que afectan el aire en varios kilómetros a la redonda.
El dirigente sostuvo que las consecuencias se perciben tanto en la vida cotidiana de los vecinos como en las actividades escolares y deportivas. En algunos casos, relató, docentes debieron suspender clases de educación física por los fuertes olores y familias evitaron actividades al aire libre debido a las molestias.
Las denuncias por contaminación no son nuevas. La planta ya había sido fiscalizada por ACUMAR en enero de 2022 y recibió actas de infracción e intimaciones para modificar sus procesos productivos. Sin embargo, según los denunciantes, las irregularidades persistieron.
Ante este escenario, Cruz mantuvo reuniones con autoridades del municipio de Esteban Echeverría, encabezado por el intendente Fernando Gray. Tras esos encuentros, el gobierno local labró nuevas actas de infracción e intimó a la empresa a cesar las emisiones de gases perjudiciales.
Posteriormente, el municipio solicitó formalmente la intervención de ACUMAR, organismo que finalmente dispuso la clausura del establecimiento. No obstante, los vecinos aseguran que las operaciones no se habrían detenido completamente.
En paralelo al reclamo ambiental, los organizadores de la protesta remarcan que la situación no debe perjudicar a los trabajadores de la planta, donde se desempeñan cerca de 700 empleados. Según plantean, la empresa tiene la obligación de abonar los salarios durante el período de clausura.
Además del pedido de controles, el CEPIS presentó una solicitud de acceso a la información pública para conocer el contenido de las actas firmadas entre ACUMAR, el municipio y la empresa, así como el estado actual de cumplimiento de las medidas impuestas.
También solicitaron detalles sobre las fiscalizaciones realizadas, las habilitaciones otorgadas a la firma, los estudios ambientales efectuados y las acciones adoptadas por el Estado para prevenir posibles impactos en la salud de los vecinos y en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Mientras esperan respuestas oficiales, los vecinos continúan reuniendo firmas a través de un petitorio online para respaldar el reclamo y exigir una solución definitiva al problema ambiental.