La reducción de frecuencias alcanza hasta el 30% y genera colapso en paradas clave. El Gobierno convocó a las empresas a una reunión para intentar destrabar el conflicto.
El recorte de frecuencias en las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se profundizó y ya impacta de lleno en la vida cotidiana de miles de usuarios, con demoras, largas filas y unidades colapsadas.
Según fuentes del sector, la reducción del servicio alcanza hasta el 30%, lo que provoca serias complicaciones en puntos neurálgicos tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del conurbano bonaerense.
Durante la jornada, se registraron extensas filas en paradas clave como Constitución y Liniers, donde los colectivos llegan con capacidad completa y muchos pasajeros no logran subir.
El malestar de los usuarios se replica en distintos puntos del AMBA, con testimonios que reflejan el impacto de la situación en la rutina diaria. Las demoras obligan a adelantar horarios de salida y prolongan los tiempos de viaje.
La medida responde principalmente al fuerte aumento del precio del gasoil, que en el último mes acumuló subas cercanas al 25%, lo que incrementó significativamente los costos operativos de las empresas.
En este contexto, las compañías del transporte reclaman una actualización en la estructura de subsidios y tarifas. En una presentación ante la Secretaría de Transporte, advirtieron que los valores actuales quedaron desfasados frente al aumento del combustible.
Según señalaron, en el último cálculo oficial se tomó un precio del gasoil inferior al actual, lo que genera un desbalance en la ecuación económica del sistema.
Ante el agravamiento del conflicto, el Gobierno nacional convocó a las cámaras empresarias a una reunión para este jueves 9 de abril, con el objetivo de evitar una paralización mayor del servicio.
Además, se prevé el desembolso de fondos en las próximas horas para intentar sostener la operación y garantizar la continuidad del transporte público.
Actualmente, el Estado nacional destina alrededor de 90.000 millones de pesos mensuales en subsidios al sistema, cubriendo cerca del 65% del costo del boleto, mientras que el resto corresponde a la tarifa que abonan los usuarios.
El resultado es un escenario de alta tensión en el transporte público, con impacto directo en millones de pasajeros que dependen del colectivo para trasladarse diariamente.