Un fallo judicial obliga al Estado a actualizar salarios y becas en el sistema universitario, mientras se profundiza el deterioro presupuestario en instituciones del conurbano como Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Nacional de Moreno.
La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que ordena al Estado nacional recomponer los salarios del personal universitario y actualizar los montos de las becas estudiantiles. La resolución responde a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exige la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo, que fue recibido como un avance por las autoridades universitarias, deja al mismo tiempo en evidencia una situación estructural: la necesidad de recurrir a instancias judiciales para garantizar el cumplimiento de una normativa vigente, en un contexto de creciente ajuste presupuestario.
En ese marco, el CIN reiteró el estado de emergencia salarial y presupuestaria en el sistema universitario y reclamó la apertura urgente de paritarias, ante el deterioro sostenido del poder adquisitivo de docentes y no docentes.
La crisis adquiere especial visibilidad en universidades del conurbano bonaerense, donde la combinación de recortes y caída de ingresos ya afecta el funcionamiento cotidiano.
En la Universidad Nacional de Quilmes, informes internos advierten que la reducción de recursos no solo impacta en el presente inmediato, sino que compromete la capacidad de investigación, la formación académica y la producción de conocimiento a mediano plazo.
Por su parte, la Universidad Nacional de Moreno atraviesa un escenario aún más crítico. Con transferencias por debajo de lo previsto y un presupuesto insuficiente durante el último año, la institución debió sostener gastos básicos con recursos propios. A esto se suma una pérdida del salario real cercana al 50% desde 2023 y niveles de ingreso inicial por debajo del salario mínimo.
El deterioro no se limita a estos casos. A nivel nacional, distintas universidades enfrentan situaciones similares, con reducción de planteles docentes, dificultades operativas y conflictos gremiales en ascenso.
La Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, inició el ciclo lectivo 2026 con una disminución significativa de su cuerpo docente, reflejo de un sistema que comienza a mostrar señales de desarticulación.
En paralelo, las medidas de fuerza y los reclamos salariales se intensifican en todo el país, en un escenario donde la caída del presupuesto real y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario configuran un conflicto de carácter estructural.