Las universidades de Quilmes y Moreno advierten por la caída del presupuesto, el deterioro salarial y la falta de financiamiento. La fuga docente y los paros exponen una crisis que ya impacta en el funcionamiento del sistema público.
La crisis del sistema universitario público suma señales de alarma en el conurbano bonaerense. Las autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Moreno declararon la emergencia económica y salarial ante un escenario que combina caída del presupuesto, deterioro de los ingresos y dificultades crecientes para sostener el funcionamiento básico.
En el caso de la UNQ, un informe académico puso el foco en el impacto estructural del ajuste. Allí se advierte sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, el freno a la investigación científica y el debilitamiento progresivo de las capacidades institucionales. Lejos de tratarse de una situación coyuntural, el documento alerta sobre consecuencias a mediano plazo en la formación profesional y la producción de conocimiento.
El panorama en la Universidad Nacional de Moreno es aún más crítico. Según detallaron sus autoridades, el presupuesto asignado para 2026 quedó por debajo de lo solicitado y durante 2025 la institución debió afrontar gastos de funcionamiento con recursos propios ante transferencias insuficientes. A esto se suma un dato preocupante: los salarios acumulan pérdidas cercanas al 50% desde 2023, con ingresos iniciales que ya se ubican por debajo del salario mínimo.
Ambas universidades coincidieron además en señalar el atraso en las becas estudiantiles, la falta de actualización de partidas destinadas a infraestructura y el recorte en programas de investigación y extensión. En conjunto, describen un escenario de asfixia financiera que empieza a comprometer actividades centrales del sistema.
La crisis no se limita al conurbano. A nivel nacional, el conflicto encuentra un caso emblemático en la Universidad Tecnológica Nacional, que inició el ciclo lectivo 2026 con más de mil docentes menos. Renuncias y licencias sin goce de sueldo, en un contexto de salarios congelados, reflejan el impacto directo del ajuste en las aulas.
El deterioro salarial y presupuestario derivó en una escalada de paros y protestas en todo el país. Los gremios docentes y no docentes reclaman una recomposición superior al 50%, muy por encima de las ofertas oficiales, mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad del ciclo académico.
En el trasfondo, las universidades apuntan al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso dejó vigente pero que, según denuncian, no se está ejecutando en la práctica. El resultado es una caída real del presupuesto superior al 30% desde 2023.
Con instituciones en emergencia, docentes que abandonan las aulas y estudiantes afectados, el sistema universitario público se encamina a un conflicto prolongado. En el conurbano bonaerense —donde la universidad representa una herramienta clave de movilidad social— la crisis no sólo es educativa: empieza a tener un impacto social profundo.